La Secretaría de Derechos Humanos relevó la situación social de personas privadas de su libertad en la Unidad Carcelaria 4 de Mujeres y brindó asistencia ante diversas consultas. El diagnóstico refiere especialmente al acceso a la salud, educación y situación sobre causas y condenas.
La secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes encabezó el equipo técnico y profesional que realizó el relevamiento de internas dentro de la Unidad Carcelaria N°4 de Mujeres de Villa Las Rosas, que busca diagnosticar el estado de las alojadas en cuanto al acceso a la salud, últimos estudios médicos realizados, controles y seguimientos además de identificar los niveles educativos alcanzados y las formaciones, objetivos de la comunidad penitenciaria y la situación procesal de las personas.
Las tareas desarrolladas fueron acompañadas por autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia y del Servicio Penitenciario.
Además del intercambio con las personas que cumplen condena en esa unidad, el encuentro permitió definir estrategias de intervención entre los organismos a fin de garantizar el cumplimiento irrestricto de los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales vigentes.
La prefecto Carina Torres, recientemente designada frente al Servicio Penitenciario de Salta, es la primera mujer en ocupar el máximo cargo de la institución penitenciaria y agradeció el trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos sobre la población penal.
Por su parte, Reyes resaltó que, “de esta manera se da cumplimiento a las mandas constitucionales vigentes y se procura acercar los servicios del Estado a las personas, fortaleciendo las políticas para la reinserción social”.
Acompañaron la actividad el subsecretario de Politicas Penales Jorge Salgado, el director general de Políticas Penales, Ángel Sarmiento; la directora general del Servicio Penitenciario, Carina Torres, el subdirector Víctor Martínez, jefes de áreas y departamentos.
Por parte de Derechos Humanos el equipo de trabajo estuvo conformado por integrantes del Área Jurídica con la intervención de Pilar Arechaga, Celeste Córdoba, Ángel Dávila, Victoria Exeni, Juan Portillo y la licenciada en Trabajo Social, Azucena Romero.
